La ley declaraba la emergencia del sector hasta diciembre de 2027 y proponía medidas urgentes para reforzar el acceso a la salud, el transporte, la educación, el trabajo y los apoyos institucionales para personas con discapacidad. “Las personas con discapacidad tienen todos los derechos y obligaciones, constitucionalmente hablando, que cualquier otra persona. Por lo tanto, el veto del presidente Milei atenta contra todos sus derechos y la participación en la vida social”, dijo la licenciada en Educación Gisela Dedominici, quien además es profesora en Educación Especial, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto en proyectos con personas con discapacidad y docente del Instituto Superior Juan Cinotto, en diálogo con FM IDENTIDAD y ARCO IRIS TV.

Sobre las garantías de la ley, Dedominici explicó, “en primer lugar garantiza la atención continua y las condiciones laborales dignas de todos los prestadores y profesionales que brindan los apoyos, para que las personas con discapacidad puedan contar con una vida independiente. También buscaba la compatibilidad laboral de las personas con discapacidad, respetar el cupo laboral legal que es el 4% en empresas públicas y privadas y el derecho de la atención, si no la tienen vuelven a sus casas y eso es muy segregador y discriminador”.

Desde el mes de noviembre de 2024 los profesionales no reciben un aumento en sus prestaciones y cobran a los 90 días posteriores a brindar la atención. “La situación es muy insostenible y los profesionales que permanentemente buscamos derribar barreras de autonomía, independencia y también ideológicas, se nos hace difícil seguir generando los apoyos en estas condiciones (…) es mínimo el impacto que tiene en el gasto público”, remarcó la profesional.

“Más allá de que para nosotros es un trabajo, uno lo hace por vocación y las cosas que se logran son maravillosas, vemos pacientes que logran hacer su proceso escolar casi solos y en un primer momento, cuando ingresaron, no podían permanecer en el aula. Las familias están desesperadas porque no pueden pagar de su bolsillo todas las prestaciones que necesitan sus hijos”, agregó Gisela Dedominici.

Se espera que la ley ingrese nuevamente al Congreso Nacional la semana próxima, los distintos sectores continuarán con la campaña de visibilización en todo el país.

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